VINCULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA

Tras algunos meses de avocarnos al estudio de la justicia y posteriormente al de los derechos humanos, ¿qué relación existe entre estos dos rubros?, ¿cómo vincular la justicia con los derechos humanos?

Esta relación puede ser visualizada desde dos perspectivas: A) Los derechos humanos como herramienta para alcanzar la justicia; o B) La justicia como valor implícito en los derechos humanos. Ahora bien, si los derechos humanos son una herramienta para alcanzar la justicia, no es este el único medio para pretender alcanzar el ideal de la justicia. Por su parte, si la justicia es vista como valor retomado o inmerso en los derechos humanos, sabemos también que no es el único valor que se toma en consideración, los derechos humanos incluyen también valores como la libertad, igualdad, seguridad y la dignidad como valor fundamental.

Vale la pena retomar brevemente la primera de las dimensiones en que se entiende la relación entre justicia y derechos humanos, al tenor de lo siguiente; si los derechos humanos son un medio para lograr la justicia, ¿por qué entonces si hoy contamos con ellos, desde su construcción teórica, su positivización y la construcción de mecanismos para su eficacia, no hemos logrado la justicia? Al igual que Zagrebelsky, soy escéptica de buscar una única y universal concepción de justicia, cierto es que la justicia es un ideal y que como tal pretendemos alcanzar, sin embargo, puesto que cada individuo tiene su propia y opuesta concepción de la justicia, el criterio absoluto de justicia no existe, buscar la justicia pensando en encontrarla… es insensato, pero renunciar… a buscarla sería… reducción al estado animal, se trata de ser conscientes de las numerosas concepciones de la vida justa y cultivar cada quien su idea de justicia sin pretender que ésta sea la justicia de todos.

PRINCIPIO PRO PERSONAE

Anteriormente conocido como principio pro hómine, mas, por cuestiones relativas a la igualdad de género, en aras de evitar cualquier forma de discriminación, hoy pro personae –mal llamado pro persona-; puede ser entendido como un principio de armonización, o bien, como un principio de interpretación; a continuación una breve explicación del uso de tal herramienta en ambos sentidos enunciados.

Funciona como un principio de armonización, en tanto que permite resolver un conflicto de antinomias, esto es, cuando dentro del ordenamiento jurídico existe dos normas opuestas aplicables a un mismo caso, el principio pro personae dictamina que debe ser aplicada la norma más amplia, es decir, la norma que: 1. Amplíe en mayor medida un derecho humano; 2) reconozca un derecho nuevo, o sea, incremente la esfera de los derechos humanos; o 3) evite la restricción de un derecho humano.

Cabe precisar que el principio pro personae como herramienta de armonización es un elemento más para la resolución de los conflictos entre normas, esto es, que no por existir este principio dejan de ser útiles y aplicables los diversos identificados como: de jerarquía, de especialidad y de temporalidad, sino que se suma uno más –pro hómine- para el caso de que ninguno de los enunciados anteriormente permita la decisión de la antinomia.

Ahora bien, el principio pro personae como criterio de interpretación, se refiere a que en la toma de una decisión, debe recurrirse la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer limitaciones a algún derecho. Es pues un principio hermenéutico que auxilia en la selección y justificación de métodos de interpretación de una norma para la resolución de un caso concreto en que se haya en conflicto un derecho humano.

Con lo anterior, podemos concluir que el principio pro personae no es un problema de jerarquización, puesto que el principio de jerarquía es uno más para la resolución de antinomias; y no es un método de interpretación en sí mismo, sino que es un mecanismo que auxilia a determinar qué método de interpretación es aplicable en tanto que amplía un derecho humano o evita su restricción. 

PRINCIPIOS Y REGLAS, SON IGUALES PERO DIFERENTES

Robert Alexy, en algún capítulo del libro de su autoría denominado "Teoría de los Derechos Fundamentales", pretende establecer la distinción precisa entre regla y principio y brindar la utilidad sistemática de tal diferenciación.

Ante la terminología vacilante, resume reglas y principios bajo el concepto de norma en tanto que ambos dicen lo que debe ser (mandato, permisión, prohibición), por tanto se trata de la distinción entre dos tipos de normas, cuya diferencia no es gradual sino cualitativa: Principios son normas que ordenan que algo se realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes –abarca permisiones y prohibiciones-… son mandatos de optimización (p. 86); por su parte, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no,… contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible (p.87).

¿Cómo resolver un conflicto entre reglas o un conflicto entre principios? Primeramente, un conflicto entre reglas se soluciona a través de dos vías: 1) introduciendo una cláusula de excepción que eliminaría el conflicto; o 2) declarando inválida una de las reglas por criterios tales como ley posterior deroga ley anterior, ley especial deroga ley general, o bien, por la importancia de las reglas (jerarquía normativa). Ahora bien, cuando dos principios entran en colisión, uno de ellos debe ceder ante el otro, en los casos concretos los principios cuentan con pesos diferentes y prima el principio con mayor peso, esto es a través de la ley de colisión.

La ley de colisión consiste en establecer entre los principios un relación de precedencia condicionada –concreta o relativa- (o incondicionada- abstracta o absoluta-), se indican las condiciones bajo las cuales un principio precede al otro.

¿Qué otras diferencias existen entre las reglas y principios? Por un lado, los principios no contienen mandatos definitivos, sino sólo prima facie, en el caso concreto se puede decidir de determinada manera y no por ello el resultado será definitivo. Por el contrario, las reglas exigen que se haga exactamente lo que en ellas se ordena, contienen una determinación; sin embargo, en el caso concreto, cuando existe un conflicto entre reglas, puede suceder que éste se resuelva mediante la inclusión de una regla de excepción, lo que implica que esa regla pierda su carácter definitivo, mas, no por ello, alcanzará el sentido prima facie de los principios.

Robert Alexy, no es ajeno a las críticas que a la definición de principio que él propone se realizan, a saber, éstas son tres: 1) ante la colisión de principios, este problema puede ser resuelto a través de la declaración de invalidez de uno de ellos; 2) podría decirse que existen principios absolutos que no pueden ser colocados en relación de preferencia con otros; y 3) el concepto propuesto es tan amplio que resulta inútil.

En relación a la primera de las críticas, el autor dice que, efectivamente, en raras ocasiones puede presentarse una cuestión de validez entre los principios, lo que se resume en una contradicción de normas, que terminará resolviéndose al contestar qué debe ser colocado dentro o fuera del ordenamiento jurídico. No obstante lo anterior, no se invalida la ley de la colisión propuesta, puesto que la colisión entre principios se da siempre dentro del ordenamiento jurídico, lo que presupone la validez de tales principios. Tocante al segundo punto de crítica, un principio no es absoluto, únicamente puede que no existan razones jurídico-constitucionales inconmovibles para una relación de preferencia. Por cuanto hace a la tercera crítica, responde el autor que un principio puede atender tanto a derechos individuales como a derechos colectivos.

GARANTÍA, MÁS QUE UNA GARANTÍA INDIVIDUAL

Tras la reforma de junio de 2011 el Título I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pasó de ser “De las garantías individuales” para convertirse en “De los Derechos Humanos y sus garantías”.

Con antelación, por este mismo medio, se había expuesto una clasificación de los derechos humanos, mediante la cual se exponía cómo hasta antes de la reforma constitucional, aludida en el párrafo anterior, los derechos humanos se reducían a los llamados derechos individuales civiles, estos mismos eran denominados por la doctrina –véase el texto de Ignacio Burgoa cuyo título es esta misma denominación de que se habla- como garantías individuales. Luego, garantía individual era un derecho humano individual civil, que a su vez, según la clasificación del Maestro Burgoa, podía ser de seguridad, libertad, propiedad o igualdad.

Sin embargo, este cambio de denominación, tiene implicaciones más allá que el agregar o quitar una palabra; en primer lugar, sabemos ahora que los derechos humanos son muchos más que sólo los derechos individuales civiles; pero, más importante que lo anterior, sabemos que el término garantía no se refiere al derecho en sí mismo, sino al medio de protección o defensa con que el titular de un derecho humano cuenta para hacer efectivo tal derecho.

Pero, ¿cómo construir un mecanismo eficaz de protección? Se trata d transpolar el derecho humano al plano fáctico y real, piénsese en el caso concreto, para la construcción de instrumentos óptimos para su eficacia. En el caso del Estado Mexicano –de manera enunciativa- se cuenta con los siguientes medios de protección de los derechos humanos en su división de garantía nacional jurisdiccional con el juicio de amparo, el juicio para la protección de los derechos político – electorales, y la acción de inconstitucionalidad.

En suma, sabemos pues que garantía individual no es sinónimo de garantía de los derechos humanos, debiendo entender esta última como el mecanismo de protección de un derecho humano.